¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?» – Deus meus Deus meus ut quid dereliquisti me (Mateo, 27:46 y Marcos, 15:34)
En muchos países, la tortura a menudo se utiliza no solo para infligir dolor a una víctima específica, sino también para aterrorizar a otras personas —presuntos delincuentes, disidentes políticos o presuntos enemigos— y disuadirlas de que emprendan acciones que el gobierno considera que amenazan a sus intereses.
Los actos de tortura y malos tratos son considerados crímenes de derecho internacional. Asimismo, en determinadas circunstancias, pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. Existe una prohibición mundial de la tortura y todas las formas de crueldad y humillación desde 1948, año en que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Casi cualquier persona que se encuentre bajo custodia al ser detenida corre peligro de ser torturada, sin que importe su edad, género, origen étnico o filiación política. Sin embargo, algunas personas corren más riesgos que otras como ocurre con todos los abusos contra los derechos humanos; si eres pobre o perteneces a un grupo sometido a discriminación, tienes más posibilidades de sufrir torturas y menos recursos para defenderte. También los menores, las minorías étnicas o religiosas y las personas que pertenecen a grupos de oposición política están en riesgo de sufrir tortura. Las mujeres son con frecuencia víctimas de tortura sexual.
Usualmente los torturadores actúan sin miedo a ser detenidos, perseguidos o castigados. La impunidad da como resultado que esta práctica se perpetúe y las personas que la sufren quedan desamparadas ya que gobiernos de muchas partes del mundo rara vez investigan, enjuician y castigan la tortura como un delito grave en virtud del derecho penal. Cuando se inician investigaciones, estas con asiduidad se estancan a causa de la inacción, la ineficacia o la complicidad del órgano investigador. Es muy infrecuente que los torturadores rindan cuentas y no solo eso sino que a veces incluso se persigue a quienes se atreven a denunciar haber sido torturados. Sin embargo, los Estados tienen la obligación de proteger a todas las personas frente a la tortura, garantizar que las víctimas obtienen justicia y que los torturadores responden por sus crímenes.
La tortura es cruel e inhumana, está prohibida por el derecho internacional y no puede, nunca jamás, justificarse.